Mientras tanto, el candidato del opositor Acuerdo para el Bicentenario (APB), José Cano, sigue sin reconocer la victoria oficialista y anunció que su espacio estudia presentar en las próximas horas un recurso extraordinario para que el expediente sea girado a la Corte Suprema de la Nación. Si la apelación, que debe ser formulada ante el tribunal tucumano en un plazo que no exceda los 10 días, es rechazada, el frente opositor aún tendrá la posibilidad de recurrir en queja directamente ante la Corte nacional.

De todas maneras, una vez que la JEP haya proclamado a los ganadores de la elección, las posibilidades de que el APB consiga un desenlace favorable a sus intereses se verán minimizadas.

«Reconocemos el fallo, pero analizaremos los pasos a seguir y ya hicimos reserva del caso federal para preservar nuestros derechos. Es un exceso que la Corte Suprema local haya hecho caer la cautelar que frenaba la proclamación y en tan poco tiempo», dijo ayer Cano, quien aseguró que, aun cuando Manzur sea proclamado, no estarían agotadas todas las instancias.

«Vamos a presentar un recurso extraordinario ante la Corte local para llegar hasta el máximo tribunal del país. Agotaremos todas las instancias», insistió el diputado radical en una conferencia de prensa que brindó junto a su socio político, el intendente peronista de esta capital, Domingo Amaya, y a los apoderados del APB, Daniel Ponce y Álvaro Contreras. Para definir la estrategia judicial a seguir, los opositores iniciaron una ronda de consultas con abogados y destacados juristas, como Ricardo Gil Laavedra.

«Es inédito que se haya dejado sin efecto la cautelar que frenaba las proclamaciones, cuando el fallo todavía no está firme, porque está abierta la vía de apelación ante la Corte de la Nación», dijo Contreras.

El secretario de la JEP, Darío Almaraz, informó que ayer se avanzó con la notificación a los partidos y frentes del resultado de los comicios, en los que, según el escrutinio definitivo, Manzur obtuvo el 51% de los votos contra el 39% de Cano. Cumplido ese trámite, el organismo electoral quedó en condiciones de oficializar hoy a los ganadores.

La semana pasada, los jueces Ebe López Piossek y Salvador Ruiz, de la Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, habían declarado nulas las elecciones por considerar que el proceso estuvo «viciado» por distintas irregularidades registradas antes, durante y después de la votación, conforme las denuncias formuladas por el APB.

Uno de los aspectos medulares de la sentencia que fue revocada por la Corte local condenaba los actos de clientelismo. «La del 23 de agosto no fue una elección libre y auténtica de carácter democrático», resumieron los magistrados.

Al voltear esa decisión, el superior tribunal provincial, que estuvo integrado por los vocales naturales René Goane y Daniel Posse y los camaristas del fuero civil Raúl Bejas, Carlos Ibáñez y Benjamín Moisá, expresó: «No puede sostenerse que un sector de la población, como aquel que ha sido objeto de las prácticas clientelares, tiene un voto que está viciado en su conciencia y libertad y que en razón de ello debe anularse el acto electoral, privando de validez a la voluntad de los ciudadanos expresadas en el sufragio».

Cano recordó que el APB había recusado a los jueces Posse, por haber sido funcionario de Alperovich y hermano del actual fiscal de Estado (Jorge Posse Ponessa), y Moisá, cuñado del legislador ultraoficialista Sisto Terán. «Por la composición de la Corte, la verdad es que no teníamos buenas expectativas sobre este fallo, que respetamos, aunque no compartimos», expresó el radical.

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