«No pago el peaje», es todo lo que dice Juan Manuel Castex, y la barrera del peaje Larena, en Panamericana Ramal Pilar, se levanta. Parece arte de magia, pero no lo es. Ese tramo de ruta no tiene colectora y, por ende, el cobro de un peaje es ilegal. No es el único caso.

Para la ley argentina, las colectoras son caminos alternativos con determinados requisitos; fundamentalmente, mismo kilometraje e iguales condiciones de seguridad que la ruta principal: pavimentación, iluminación y señalización. Sin embargo, LA NACION constató que muchas rutas nacionales y provinciales cobran peaje pese a la ausencia de caminos alternativos o la existencia de ellos sin las condiciones necesarias para ser considerados como tales.

Javier Iguacel, director de Vialidad Nacional, reconoce que «el peaje Larena necesita una colectora» y responsabiliza por su ausencia al kirchnerismo. Según el funcionario, la irregularidad responde a la rescisión del contrato celebrado oportunamente entre Néstor Kirchner y Eduardo Eurnekian. «El peaje se colocó como parte de la concesión para la construcción y el mantenimiento de la autopista Pilar-Pergamino, que nunca se terminó. Se dio de baja ese contrato, pero quedaron las cabinas readjudicadas a la empresa Corredor Central SA, a la que el Estado le aseguró un ingreso determinado. «A la empresa no le importa levantar la barrera si es que alguien se opone al pago del peaje», explica Iguacel. Y recuerda que la colectora está finalmente en construcción.

Respecto de las situaciones similares constatadas por LA NACION, el Ministerio de Transporte de la Nación informó que tiene previsto un plan de obras que incluye las colectoras y que, según fuentes de la cartera que lidera Guillermo Dietrich, fundamenta en gran medida el aumento de los peajes decretado en febrero pasado.

Para Iguacel, tal como expresó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1991, que no haya o sea deficiente el camino alternativo no torna inconstitucional el peaje y por ende hay que pagarlo. «El contrato que tenemos nos obliga a respetarlo y es lo que pasó en los últimos 25 años», señala.

Sin embargo, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, para quien el fallo de la Corte buscó «justificar el proceso privatizador de los 90», no piensa lo mismo. «La libre circulación está garantizada sólo si existen vías alternativas idóneas para poder circular en el mismo sentido. De lo contrario hay una restricción irrazonable del derecho a circular de las personas», dice. La postura oficial «avala una grave discriminación por motivos o condición socioeconómica, ya que hay personas que no pueden pagar el peaje», concluye.

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