El intendente Javier Martínez lo solicitó formalmente al Tribunal en lo Criminal Federal Nº 4. El pedido fue puesto a consideración de los concejales, puesto que se necesita su conformidad. Se trata de una motoniveladora secuestrada en el marco de una de las causas en las que está involucrado el empresario.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) logró en 2017 obtener máquinas y equipos viales pertenecientes a las firmas constructoras de Lázaro Báez. Lo mismo sucedió con los Municipios de General Pueyrredón, de Río Gallegos y unos cuantos más han pedido el mismo beneficio. En esta lista se inscribe Pergamino, porque el intendente Javier Martínez solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4, a cargo del doctor Néstor Guillermo Costabel, la entrega de una maquinaria motoniveladora que actualmente se encuentra secuestrada en el marco de la causa caratulada “Báez Lázaro Antonio y otros Encubrimiento y Otros 2627, (3017/2013/incidente Nº55”.
Este tema fue puesto a consideración del Concejo Deliberante y el bloque de concejales de Cambiemos elevó un proyecto adhiriendo a este pedido realizado por el intendente, el cual será tratado en la próxima sesión. “Sabemos que hay un fuerte reclamo social para tomar este tipo de conductas. Es imprescindible que los bienes vuelvan la gente”, expresó Martínez sobre esta iniciativa.
La herramienta en cuestión es una motoniveladora marca Volvo G940 de industria brasileña identificada con el numero VCE0G94OT00503035, Engine NET Power kilómetro 165.
Según se plantea en el pedido, “este vehículo será utilizado por el Municipio con objetivos institucionales para el mejoramiento de caminos rurales y diferentes actividades de la gestión, siempre en beneficio de los ciudadanos”.
Status de la máquina
En la mencionada causa se decretó el embargo de numerosos rodados y equipos viales propiedad de Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA; “esta medida básicamente implica la imposibilidad de vender el bien, para evitar que desaparezca, y técnicamente, se afecta su libre disponibilidad. Es una de las distintas medidas cautelares posibles, tales como el congelamiento de una cuenta bancaria, el secuestro de un auto, una inhibición general de bienes, entre muchas otras”, indicó el titular del Ejecutivo local.
Todas las medidas cautelares son provisorias. Se desarrollan durante la investigación judicial, para asegurar que los bienes sigan estando allí en caso de que en un futuro la Justicia quiera decomisarlos”, explicó el intendente. Es decir que recién con el decomiso pasan a ser propiedad del Estado. “Mientras las cosas no hayan sido decomisadas sino que solamente se les haya trabado una medida cautelar, siguen siendo propiedad del imputado”, aclaró Martínez.
Estas máquinas siguen perteneciendo a las empresas del grupo Báez, pero el Estado les pone ciertas restricciones a su uso para garantizar que no desaparezcan.
¿Por qué la ceden?
Vialidad solicitó ser designada como depositaria judicial con concesión de uso de esos equipos viales y movilidades; en relación a esto, el depositario judicial es aquella persona (en este caso, un organismo) que recibe una cosa por orden de un juez para encargarse de su guarda y su conservación, en lugar de que sea el propio Poder Judicial quien se ocupe de esto.
Para fundamentar su pedido, el organismo citó el artículo Nº 233 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece que “en caso necesario podrá disponerse” el depósito de los “objetos secuestrados”.
Además, Vialidad agregó que como consecuencia de la “tercerización de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, el Distrito Nº 23 de la Dirección Nacional de Vialidad resintió notablemente los medios para la realización de obras y tareas de mantenimiento por administración”.
En febrero de este año, el juez Sebastián Casanello accedió al pedido de la Dirección Nacional de Vialidad y para instrumentarlo, designó al Administrador Nacional de la DNV como “depositario judicial con condición de uso de aquellos rodados y equipos viales -propiedad de Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA- que se encuentran con posibilidad de ser utilizados y sujetos a embargo en estas actuaciones”.
A su vez, establecieron que se atiendan los pedidos hechos por municipalidades del país y otras dependencias gubernamentales que también habían solicitado ser depositarios judiciales.
Por eso es que, como lo hace Martínez, los jefes de distintos municipios están realizan pedidos del mismo tenor.
El principal argumento en el que se basó el juez para acceder al pedido de Vialidad y por ende se estima que lo mismo sucederá con los municipios es garantizar que las máquinas no se deterioren. El magistrado explicó que los equipos viales se encuentran en los obradores sin que se les realicen tareas de mantenimiento y sin ser utilizados.
Según el relevamiento realizado por los ingenieros de Vialidad, gran cantidad de estos equipos se encuentran en estado de abandono.
Así, para el juez es dable que tanto los automotores como los equipos viales que se encuentran en buenas condiciones sean utilizados y explotados para evitar su degradación y mantenerlos operativos y en valor.
“Estos hechos demuestran que se puede, que los cambios son necesarios. Es importante recuperar activos de la criminalidad económica, para que sean utilizados con fines sociales”, resaltó el intendente.
LA OPINION de Paergamino
