La causa se inició por una presentación de los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y claro, no podía faltar, Leopoldo Moreau.

Consultado el intendente Iguacel nos respondía; “La corrupción es un cáncer para nuestro país. Me parece muy bien que la justicia investigue todo y a fondo, creo que todos debemos someternos ante la justicia cuando somos llamados a declarar, poniendo blanco sobre negro”. y continuó: “Lamentablemente, la estrategia de los corruptos es intentar hacerle creer a la sociedad que todo es igual. Vamos a tener que convivir con esto mucho tiempo. Siempre estaré a disposición de la justicia para explicar cada cosa que hice por el bien del pueblo argentino”. y completó: “Cuando decidí dejar la paz de la profesión en el mundo privado, muchos me sugerían no ingresar a la vida pública por estas cosas. En el mismo lodo, todos revolcados. Este es su lema, que hay que desterrar para siempre de nuestro país. Me van a encontrar trabajando siempre en ese sentido”.

Sarmiento Es!! se informó y detalla aspectos de la realidad con que se ataca a Cambiemos y a sus funcionarios: En el 2015, cuando asumieron, comenzaron a hacer cumplir los acuerdos preexistentes con honestidad y transparencia, obedeciendo la ley de contratos con empresas de servicios y concesionarias del estado.

Unos de esos contratos incluía a las autopistas, acceso Norte y Oeste.

Ante el incumplimiento del Kirchnerismo por 15 años, las empresas iniciaron un reclamo por 3 mil millones de dólares.

El gobierno de cambiemos ante esa situación llegó a un acuerdo con las empresas Ausol S.A. y GCO S.A. negoció y reconoció una deuda del 28% sobre lo que reclamaban, a cambio de que retiraran la demanda.

Se realizaron además obras necesarias para mejorar la capacidad y seguridad de los accesos por $ 11 mil millones.

Lo que realizó el gobierno en ese momento fue cumplir con el contrato firmado por el Kirchnerismo, redujeron los montos y tasas de intereses, y se estiró el tiempo de repago hasta el 2030 como lo permitía el contrato original.

Además se aplicaron multas por incumplimiento de las concesionarias por 40 millones de dólares, algo que ningún otro gobierno había hecho antes.

En el proceso intervino la Oficina Anticorrupción, pasó por la Sindicatura General y la Procuración del Tesoro, haciéndose lugar a todas las observaciones que se plantearon.

Además se realizaron las audiencias públicas a las que podían concurrir todos los interesados y donde no se presentaron objeciones en ninguna de esas instancias.

Es indudable que el Kirchnerismo trata de atacar a Cambiemos para que parezca que son iguales que ellos, que durante 12 años de su gobierno vaciaron las arcas del estado en su beneficio.