El 24 de marzo de 1976 comenzaba en Argentina una de las épocas más oscuras de nuestra historia. En la madrugada de ese día, superiores de las Fuerzas Armadas tomaron el poder a través de un golpe de Estado y derrocaron al entonces gobierno constitucional de Isabel Perón; de esta forma, comenzó una dictadura cívico-militar que duraría hasta 1983. Entre los años en que duró esta dictadura, más de 30 mil personas fueron desaparecidas, se perpetraron un centenar de secuestros, privaciones ilegítimas de libertad, torturas en centros clandestinos de detención, apropiación de recién nacidos y exilios forzados de miles de argentinos.
Pasadas las tres de la mañana de la madrugada del 24 de marzo de 1976, la voz del teniente general Jorge Rafael Videla irrumpió por cadena nacional. A esas horas, y acompañado por el almirante Eduardo Massera y el brigadier general Orlando Agosti, Videla pronunció las primeras medidas que comenzaban a regir a partir de ese entonces. Entre éstas, se disponía la caducidad de los mandatos de presidente de la Nación, de gobernadores y vicegobernadores, diputados, intendentes, etc. Este golpe de Estado fue presentado —se autodenominó— Proceso de Reorganización Nacional, con un programa de tres etapas fundamentales: orden institucional, revalorización de la autoridad y consolidación del proceso.
Los años que transcurrieron bajo la dictadura de las Fuerzas Armadas estuvieron signados por una constante violación de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y un terrorismo de Estado que funcionó para el gobierno militar de facto como médula y ánimo social del Estado argentino. Esta modalidad de gobierno de facto y su respectivo modus operandi, a su vez formaban parte de un plan mayor conocido como Plan Cóndor, el cual ya operaba en toda Latinoamérica y funcionaba como coordinación entre las distintas dictaduras que en esos años se habían instaurado en otros países del Cono Sur, entre ellos Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil.
El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia es una fecha en la que se conmemora y busca mantener vivos en la reflexión y memoria social los tristes acontecimientos producidos en la última dictadura militar. No con el objetivo de depositar una visión estática sobre aquella etapa tan oscura, no con el objetivo de perpetuar un ánimo social irreparable, no con la intensión de vivir con la mirada puesta en el pasado… Pero sí con el objetivo de tener presente los errores cometidos y las consecuencias terribles que de ellos pueden desprenderse, sí con el objetivo de una consciente muestra de respeto por las familias víctimas de la desaparición de un hijo, una hija, una nieta o un nieto, sí con el objetivo de buscar justicia y dar luz a los acontecimientos que tuvieron lugar en aquella triste etapa de la historia argentina.
El 24 de marzo de 1976 no fue un día más en la historia argentina. En esa fecha las Fuerzas Armadas de nuestro país usurparon el gobierno y derrocaron a la entonces presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón. Del mismo modo destituyeron a los gobernadores de las provincias, disolvieron el Congreso Nacional y las Legislaturas Provinciales, removieron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y anularon las actividades gremiales como así también la de los partidos políticos. En suma clausuraron las instituciones fundamentales de la vida democrática.
La Constitución Nacional –es decir, la ley de leyes de la República Argentina–, dejó de regir la vida política del país y los ciudadanos quedaron subordinados a las normas establecidas por los militares. Se inició entonces una dictadura que se instaló en el gobierno por la fuerza, por medio de lo que se denomina golpe de Estado. El gobierno de facto estuvo integrado por una Junta Militar que reunía a los máximos jefes de las tres Fuerzas Armadas: el ex general Jorge Rafael Videla por el Ejército, el ex almirante Emilio Eduardo Massera por la Marina y el ex brigadier Orlando Ramón Agosti por la Aeronáutica.
El golpe de 1976 fue el último pero no el único. Desde 1930 nuestro país había sufrido sucesivas interrupciones del orden democrático. La supresión de los gobiernos elegidos por el pueblo, la represión de los conflictos que surgían entre distintos sectores sociales y la apelación a la violencia habían sido, lamentablemente, bastante frecuentes desde esa fecha. Sin embargo, la dictadura que se inició en 1976 tuvo características inéditas, recibiendo el nombre de terrorismo de Estado.
Algunos ciudadanos e investigadores prefieren hablar de golpe cívico-militar. ¿Por qué? Porque entienden que los militares no actuaron solos ni por su cuenta. La decisión de tomar el gobierno contaba con la adhesión de diversos grupos de la sociedad (sectores con gran poder económico, grupos conservadores, algunos medios de comunicación aines) que entendían que una dictadura era necesaria para organizar el país.
De este modo, a la vez que se desarrollaban acciones de control, disciplina y violencia nunca vistas sobre la sociedad, se tomaban decisiones económicas que privilegiaban el ingreso de bienes y mercancías desde el exterior por sobre la producción de nuestro país. Así miles de trabajadores de nuestras fábricas perdieron su trabajo debido a que la industria nacional no podía producir productos a un precio similar o menor a los importados. Este proceso fue acompañado por una campaña publicitaria que intentaba convencer a la población de que la industria argentina era mala, de baja calidad y asociaba a lo venido de afuera con lo bueno, lo interesante, lo deseado, ocultando que en esa decisión miles de argentinos quedaban sin trabajo y muchas familias perdían su salario y pasaban entonces a ser pobres.
A la vez, los sucesivos miembros de la Junta Militar y diversas empresas asociadas solicitaron grandes sumas de dinero al exterior en carácter de préstamos. Ese dinero incrementó la deuda externa del país de una manera inédita: de 8 mil a 43 mil millones de dólares que se convirtió por decisión de la misma dictadura, en deuda pública, es decir en deuda que debieron pagar todos los argentinos.
Por otra parte se tomaron distintas medidas financieras y administrativas que hicieron que el Estado iniciara un período de desinversión en salud, educación y vivienda con efectos muy importantes en el empeoramiento de las condiciones de vida de la gente: aumento de la pobreza e inicio de lo que hoy denominamos exclusión social. Es decir, se inició el proceso por el cual muchos hombres y mujeres no encontraban trabajo porque no había fábricas ni instituciones que necesitaran trabajadores y por lo tanto no podían cubrir sus necesidades básicas.
