Continuando con el desarrollo de su política de articulación con todos los sectores e instituciones de la sociedad, la Universidad Nacional de San Antonio de Areco firmó un convenio de cooperación recíproca con la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires.

Este convenio fue refrendado, en la sede de la Fiscalía, por su titular, Hernán Gómez, y por el Rector Organizador de la UNSAdA, Jerónimo Ainchil.

Estos acuerdos son parte esencial de las políticas de ambas instituciones.

Al respecto, Ainchil indicó que “la política de colaboración que lleva adelante la UNSAdA ya arribó a importantes convenios con municipios, instituciones públicas y privadas, otras universidades nacionales e instituciones del Sistema Científico-Tecnológico, como el CONICET y el INTA, a los que ahora se suma el que acabamos de firmar con la Fiscalía de Estado. Esta red de colaboración ayudará a impulsar acciones destinadas a mejorar la calidad de vida en la región, a través de la resolución de problemas ambientales, de desarrollo industrial y socioproductivo, mediante la elaboración de iniciativas que contribuyan a la construcción de un futuro mejor para todos sus habitantes.”

Al respecto, la Fiscalía de Estado en su Plan estratégico 2016-2020, indica que su Programa de Cooperación Académica “se orienta a impulsar la generación de estrategias de gestión colaborativa con establecimientos educativos (como) casas de Altos Estudios (…) que permitan brindar una cobertura integral de las necesidades de capacitación que se susciten en el organismo. En este sentido, la cooperación es entendida como una dimensión imprescindible para democratizar la información, capacitar recursos humanos y divulgar conocimientos de interés social”.

Las funciones de la fiscalía de Estado, se apoyan en tres ejes claves;

• La representación y defensa en juicio de la provincia de Buenos Aires tanto en carácter de demandada como demandante.

• Intervenir en las actuaciones administrativas mediante una vista en la que verifica la legalidad de la decisión gubernamental por adoptarse o una impugnación administrativa una vez que la medida le fuera notificada y en caso de que fuera contraria o afectara los intereses del fisco

• Promover acción judicial contra el Poder Ejecutivo o autoridades administrativas con competencia para dictar resoluciones, cuando considere que los actos emanados de estas son contrarios a la Constitución, las leyes o los reglamentos administrativos de la provincia.

Universidad Nacional de San Antonio de Areco

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