En una carta dirigida al presidente Mauricio Macri, Gils Carbó expresó como motivo de su renuncia el rechazo a una nueva reforma del Ministerio Público Fiscal que pudiera afectar la autonomía que tiene la institución, en el marco de la división de poderes,
«A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancia la autonomía del Ministerio Público Fiscal», escribió la funcionaria, quien, incluso, alentó a que no avancen las reformas previstas.
Sin duda, el contundente respaldo que obtuvo el Gobierno en la última elección influyó en la decisión final de la jefa de los fiscales, quien había reiterado en distintas ocasiones su intención de cumplir los años que le quedaban de mandato, de acuerdo a lo estipulado en la Constitución.
Por otro lado, la funcionaria fue procesada recientemente por «administración fraudulenta», a partir de la compra de un edificio que hizo la Procuración en la que se denunciaron sobreprecios y comisiones indebidas. Además, en la operatoria se acusó a un ex marido suyo.
En la misiva al Presidente, la funcionaria destaca que desde que llegó al cargo buscó que jerarquizar la institución «como independiente y autónoma, condiciones fundamentales de las que derivan su fortaleza, objetividad y eficiencia».
Gils Carbó quedó en el ojo de la tormenta a partir de su vinculación con magistrados alineados con la Agrupación Justicia Legítima, simpatizante del kirchnerismo, así como por su accionar en la suspensión del juez José María Campagnoli, quien investigó presunto lavado de dinero del contratista Lázaro Báez, en una causa conocida como «la ruta del dinero K».
Desde que asumió al frente del Gobierno, y a medida que acumulaba expedientes en Tribunales, Macri demandó la salida de Gils Carbó. Entendía que sus problemas judiciales (Correo Argentino, Avianca, Panamá Papers) así como sus funcionarios: el jefe de la AFI aparece involucrado en la causa Odebrecht se debían a su accionar discrecional. A falta de votos para un juicio político, intentó hacerlo por una ley que la propia aliada del Gobierno, Elisa Carrió, rechazó por inconstitucional.
La nueva estrategia era buscar una reforma en el Ministerio Público que condujera a su salida, medida en la que el Gobierno se sentía más fortalecido a partir del resultado electoral. La Procuradora pidió desistir de la medida a cambio de su renuncia.
«Con la esperanza de que esta decisión disuada reformas que, amén del debilitamiento señalado, rompan el equilibrio que debe regir el servicio de administración de justicia, doy por finalizada mi labor en el Ministerio Público Fiscal», añadió.
