El fin de la feria judicial marca un nue-vo tiempo en la investigación que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadío para determinar el destino de millones de pesos del programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).
La causa iniciada por el magistrado, que ya tiene procesados a varios funcionarios de la gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tomará a partir de ahora nuevos bríos, buscando deslindar las responsabilidades de los municipios que fueron receptores de fondos del programa implementado por el Ministerio de Medio Ambiente, entre los que figuran 68 pertenecientes a la provincia de Buenos Aires.
Antes de finalizar el 2017, el magistrado procesó por el delito de administración infiel a los ex jefes de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández y Jorge Capi-tanich, además de los secretarios de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), Sergio Gustavo Lorusso, Omar Vicente Judis y Juan José Mussi.
Igual medida dispuso con los ex jefes de Gabinete de Asesores Ricardo Hugo Salvioli, Raúl Alejandro Fernández, Jorge Eduardo Alcántara y Andrés Matías Meizner; además de María Inés Ciampi, Marcelo Eduardo González, Rubén Marcelo Ybarra y Federico José Atilio, en sus caracteres de asesores técnicos de la ex SAyDS.
Luego de la auditoría realizada por la cartera que comanda el rabino Sergio Bergman, el fiscal Carlos Rívolo toma intervención y eleva su informe a Bonadío, quien encarga un seguimiento a las obras llevadas a cabo en diferentes municipios, tomados al azar.
Entre ellos les tocó en suerte a veintitrés distritos de la provincia de Buenos Aires. Ellos son: Azul, Brandsen, Carlos Casares, Saavedra, Tordillo, Rauch, Benito Juárez, Bahía Blanca, Lezama, Capitán Sarmiento, Tapalqué, Suipacha, General Belgrano, Tornquist, Las Flores, Pila, Alberti, Lobería, Monte Hermoso, Coronel Suárez, Castelli, Coronel Dorrego y Quilmes.
De manera exclusiva, La Tecla accedió, a través de fuentes vinculadas a la investigación judicial, a algunos de los informes confeccionados el año anterior y que fueron enviados al juez Bonadío.
Las inspecciones se llevaron adelante de forma conjunta por equipos de la Sin-dicatura General de la Nación(SIGEN) y de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. Elaboradosexhaustivamente, los minuciosos informes detallan los resultados de registros visuales, entrevistas con responsables comunales y pruebas gráficas de las falencias en muchas de las obras.
Algunas de ellas, por caso, vinculadas con la adquisición de materiales o no realización de tareas comprometidas al momento de firmarse el compromiso entre el ministerio y el municipio; y otras, con retrasos en la justificación de los gastos.
Los seis casos testigo a los que tuvo acceso La Tecla permiten comprobar algunas de las irregularidades que Bonadío describió en el auto de procesamiento dictado en diciembre del año pasado, de acuerdo al informe preparado por la SIGEN en el marco del expediente CUDAP JGM N° 16.307/2016, que “habrían ocasionado una inadecuada y arbitraria distribución de fondos”, según menciona.
Entre ellas, la inexistencia de un criterio de selección, por ausencia de un mapa crítico de municipalidades del país; ausencia de un orden cronológico en el análisis de las presentaciones realizadas; incumplimiento de requisitos exigidos por el programa; tiempos distintos de tramitación de las solicitudes, que van de dos a sesenta y seis meses; alto porcentaje de proyectos con rendiciones de cuentas vencidas o pendientes; proyectos con evaluaciones solamente administrativas y no técnicas; y deficiente sistema de registros de estadios de aprobación y rendición.
La pelota, ahora la tiene el temido juez, abriendo la puerta para que comience el desfile de jefes comunales por los tribunales de Comodoro Py.
CASO POR CASO
Lobería (gestión Hugo Rodríguez): El informe en poder de Bonadío, suministrado por el Ministerio de Medio Ambiente y realizado por SIGEN/UAI, señala que “el estado de rendición se encuentra vencido (al momento de la inspección), con presentación de documentación parcial en estudio”. Añade que “no se cumplió con el Acta Complementaria N°1, aprobada por resolución JGM N° 820/13. El Municipio sólo ejecutó la construcción de Cabina de Control de acceso, provisión de energía al predio y perforación de agua”.
Suipacha (gestión Juan Delfino): El informe en poder de Bonadío, suministrado por el Ministerio de Medio Ambiente y realizado por SIGEN/UAI, indica que “el municipio adquirió la motoniveladora incluida en el proyecto. El equipo no se encuentra en funcionamiento debido a fallas mecánicas. Sólo estuvo operativa un año”. Además señala que el estado de rendición se encontraba vencido al momento de la inspección, con presentación de documentación parcial. Otros casos fueron relevados en el 2016 pero no auditados en 2017.
Azul (gestión José Inza): El informe en poder de Bonadío, suministrado por el Ministerio de Medio Ambiente y realizado por SIGEN/UAI, señala “cumplimiento en forma parcial”.
Se pudo identificar:
-Una chipeadora marca DEISA. La misma tenía 40 horas de uso.
-Un cargador frontal IRON GROUP.
-Una topadora sobre orugas marca IRON GROUP. La misma se encontraba en reparación.
-Planta recicladora marca DEISA. Se encontraba desarmada, sin uso. Según manifestó el responsable del municipio, están a la espera de la readecuación del galpón para su instalación.
Por otro lado, los tres camiones compactadores y caja volcadora trasera comprometidos en el proyecto original fueron reemplazados por tres camiones volcadores marca Volkswagen. Fue posible constatar uno de ellos, mientras que los dos restantes, según lo manifestado por el responsable del municipio, se encontraban en las localidades vecinas de Chillar y Cacharí. Por otra parte se expresa que al momento de realizar la inspección, “el Municipio adquirió maquinaria. Se compraron camiones volcadores, en lugar de compactadores. La planta recicladora adquirida se encontraba desarmada. El municipio rindió fondos del primer desembolso, encontrándose vencida la rendición de cuentas del segundo desembolso”.
Coronel Suárez (gestión Ricardo Moccero – Osvaldo Fuentes Lema): El informe en manos del juzgado, suministrado por el Ministerio de Medio Ambiente y realizado por SIGEN/UAI, señala que “de acuerdo al acta de visita que se adjunta y según manifiesta el responsable municipal no se cumplió parte del proyecto según el plan propuesto, debido a que están en proceso las tareas para ultimar los detalles necesarios para el cumplimiento total del convenio”.
Capitán Sarmiento (gestión Oscar Ostoich): El informe que posee el juez, suministrado por el Ministerio de Medio Ambiente y realizado por SIGEN/UAI, señala: “Se constató que el municipio ha cumplido razonablemente con las actividades comprometidas en el Acta complementaria N°1, y la planta de tratamiento, separación y disposición de RSU se encontraba operativa y en buen estado de conservación. Sin embargo, se debe dejar constancia del faltante de algunos equipos e implementos incluidos en la propuesta original, además del equipo extractor de material ferroso”. El informe, que data del año 2017, también señala que “está pendiente la rendición del segundo desembolso”.
Lezama (gestión Marcelo Racciatti): El informe en poder de Bonadío, suministrado por el Ministerio de Medio Ambiente y realizado por SIGEN/UAI, señala que “de acuerdo al relevamiento in situ se observa que el proyecto se ha ejecutado en forma parcial”.
En ese sentido, destaca:
-El movimiento de suelo para la celda del relleno sanitario no se realizó.
-La membrana no se adquirió.
-Tampoco se compró el tractor con pala.
-No se adquirió la cinta de separación.
Además, el informe da cuenta de que “no hay constancias de las tareas que, eventualmente, se hayan realizado de fortalecimiento institucional ni la contratación de servicios de asesoramiento profesional. Durante la auditoria realizada, las representantes del Municipio informaron de una denuncia penal que habría presentado el Intendente actual en los Tribunales de Dolores contra el Intendente anterior (Marcelo Raciatti) por el posible delito de malversación de caudales públicos, refiriéndose la misma al destino otorgado a los fondos del MAyDS”. Por último, el registro concluye que “tal cual surge de la rendición de cuentas efectuada por el Municipio, una parte significativa de los fondos transferidos se utilizaron para el pago de combustibles y para el concepto ‘Horas Hombre- Máquinas’».
