El golpe de estado del 24 de marzo de 1976. La peor tragedia de la historia argentina

marzo 24, 2018 - Información General - no comments

La primera junta militar, de izquierda a derecha: Emilio Massera, Jorge Videla y Orlando Agosti.

A las 3 y diez de la madrugada del 24 de marzo de 1976, el general José Rogelio Villarreal inició el golpe de estado diciéndole a la presidenta Isabel Martínez de Perón:

Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada.

Si bien en la Argentina del siglo XX hubo varios golpes de Estado, como bien lo sintetiza Horacio Verbitsky:

Nunca antes en la historia argentina, el Estado, como maquinaria, integralmente había sido puesto al servicio de la violación sistemática de toda regla, incluso de las propias, de las dictadas por quienes lo ocupaban, en aplicación de un plan que la Justicia definió como criminal; consistente en secuestrar personas, tenerlas alojadas en forma clandestina, torturarlas y luego -según los casos-, dejarlas en libertad, pasarlas a la Justicia, o asesinarlas. Esto no había ocurrido nunca antes en la Argentina.

La proclama golpista decía:

Agotadas todas las instancias de mecanismo constitucionales, superada la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones y demostrada en forma irrefutable la imposibilidad de la recuperación del proceso por las vías naturales, llega a su término una situación que agravia a la Nación y compromete su futuro. Nuestro pueblo ha sufrido una nueva frustración. Frente a un tremendo vacío de poder, capaz de sumirnos en la disolución y la anarquía, a la falta de capacidad de convocatoria que ha demostrado el gobierno nacional, a las reiteradas y sucesivas contradicciones demostradas en las medidas de toda índole, a la falta de una estrategia global que, conducida por el poder político, enfrentara a la subversión, a la carencia de soluciones para el país, cuya resultante ha sido el incremento permanente de todos los exterminios, a la ausencia total de los ejemplos éticos y morales que deben dar quienes ejercen la conducción del Estado, a la manifiesta irresponsabilidad en el manejo de la economía que ocasionara el agotamiento del aparato productivo, a la especulación y corrupción generalizadas, todo lo cual se traduce en una irreparable pérdida del sentido de grandeza y de fe, las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado. Una obligación que surge de serenas meditaciones sobre las consecuencias irreparables que podía tener sobre el destino de la Nación, una actitud distinta a la adoptada.

Esta decisión persigue el propósito de terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo, y sólo está dirigida contra quienes han delinquido y cometido abusos del poder. Es una decisión por la Patria, y no supone, por lo tanto, discriminaciones contra ninguna militancia cívica ni sector social alguno. Rechaza por consiguiente la acción disociadora de todos los extremismos y el efecto corruptor de cualquier demagogia.(…)

(…) Por ello, a la par que se continuará sin tregua combatiendo a la delincuencia subversiva, abierta o encubierta, se desterrará toda demagogia. No se tolerará la corrupción o la venalidad bajo ninguna forma o circunstancia, ni tampoco cualquier transgresión a la ley en oposición al proceso de reparación que se inicia.

Las Fuerzas Armadas han asumido el control de la República. Quiera el país todo comprender el sentido profundo e inequívoco de esta actitud para que la responsabilidad y el esfuerzo colectivo acompañen esta empresa que, persiguiendo el bien común, alcanzará con la ayuda de Dios, la plena recuperación nacional.54​

  • Jorge Rafael Videla, Tte. Gral., Comandante Gral. del Ejército;
  • Emilio Eduardo Massera, Almte., Comandante Gral. de la Armada;
  • Orlando Ramón Agosti, Brig. Gral., Comandante Gral. de la Fuerza Aérea.

El «flagelo subversivo», la «demagogia», la «corrupción», el «caos», el «vacío de poder», la «carencia de soluciones» institucionales, la «irresponsabilidad en el manejo de la economía», fueron algunos de los argumentos utilizados por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. García cita la decisión de Montoneros de convertirse en un auténtico ejército regular clandestino en 1975 y su búsqueda de la confrontación directa con las Fuerzas Armadas a mediados de 1975 —con algunos éxitos iniciales​— convenció a los militares de que necesitaban controlar el Estado y exterminar físicamente a los guerrilleros para vencerles.​ Marcelo de los Reyes dice que «Los militares se dedicaron a los aspectos políticos del gobierno y la eliminación de la subversión, mientras que la economía quedó en manos de Alfredo Martínez de Hoz (1976-1981), a la sazón ministro de Economía, vinculado a los sectores agropecuarios. Martínez de Hoz implementó una fuerte política liberal y desde 1979 una política cambiaria que fijaba el valor del dólar a futuro conocida con el nombre de ‘tablita’. El escritor e integrante de la organización Montoneros​ Rodolfo Walsh opinó:

Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S.Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete.

(Rodolfo Walsh – Carta Abierta a la Junta Militar- Marzo de 1977)​

Una detallada explicación posible de las consecuencias económicas del golpe de Estado se encuentran en la nota «Una pesada herencia» de Ernesto Hadida, editor de Invertia Argentina.

Simultáneamente con el golpe, esa misma noche, se realizaron centenares de secuestros y arrestos, principalmente de activistas y dirigentes sindicales en áreas industriales estratégicas, como el Gran Buenos Aires, Córdoba y la zona que se extiende desde el Gran Rosario hasta San Nicolás.​

El primer día la Junta Militar dictó 31 comunicados. El comunicado Nº 1 dice:

Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las FF.AA. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones.

El comunicado N.º 19 estableció:

Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales.

Al día siguiente del golpe, el diario La Nación comunica que se ha impuesto la pena de muerte en Argentina.

Ese mismo primer día se impuso la pena de muerte y los Consejos de Guerra (Ley 21.264):

Art.1 El que públicamente por cualquier medio, incitare a la violencia colectiva y / o alterare el orden público, será reprimido por sola incitación, con reclusión hasta diez años. Art. 2. El que alterare en cualquier forma contra los medios de transporte, de comunicación, usinas, instalaciones de gas o agua corriente u otros servicios públicos, será reprimido con reclusión por tiempo determinado o muerte… Art.5 …el personal militar de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas policiales hará uso de las armas en caso de que la persona incurra en alguno de los delitos previstos de dos a cuatro precedentes… Art. 7 Créanse en todo el territorio del país los Consejos de Guerra Especiales Estables…que juntamente con los Consejos de Guerra Permanente para el Personal Subalterno de las Tres Fuerzas Armadas, conocerán en el juzgamiento de los delitos que prevé la presente ley. Art 10. La presente ley será aplicable a toda persona mayor de dieciséis años.

Robert Cox, cuando era director del Buenos Aires Herald manifestó en un reportaje concedido a un semanario político al ser preguntado si había estado a favor del golpe, respondió: “por supuesto, el país no aguantaba más la situación en que estaba sumido”.

Por su parte el periodista A. Graham-Yooll afirmó: “el establishment, el país, gran parte de la clase media, yo diría la clase trabajadora también, apoyó el golpe. Claro que había una enorme parte de la población que estaba comprometida políticamente que no lo hizo”.​ Jorge Fontevecchia escribió que «En 1976 no se podía saber que la última dictadura sería infinitamente más cruel y macabra que las anteriores y, aunque duela reconocerlo, una parte muy numerosa de la sociedad apoyó el derrocamiento del gobierno democrático de Isabel Perón».62​

Inicio del proceso

Gráfico sobre la estructura del gobierno implantada por el Proceso de Reorganización Nacional.

El 24 de marzo de 1976, los golpistas organizaron un gobierno dictatorial que impuso, como «órgano supremo del Estado»,​ una Junta de Comandantesde las tres fuerzas armadas (ejército, marina y aviación). El origen tripartito del poder, durante el Proceso de Reorganización Nacional, estableció una situación de independencia virtual de cada fuerza que, en más de una ocasión, llevó a que actuaran sin comunicación alguna entre ellas y hasta a enfrentarse entre sí. La primera junta militar estuvo integrada por Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Eduardo Massera (Armada) y Orlando Ramón Agosti(Aviación).

Según el decreto fundacional también se dispuso que el mando directo del país quedaría en manos de un «presidente», con facultades ejecutivas, legislativas y judiciales, designado y supervisado por la junta mientras no perteneciese a ésta, sin embargo, al pasar los días esto no llegó efectuarse.  El primer presidente designado fue el exgeneral Jorge Rafael Videla.

Los golpistas disolvieron el Congreso Nacional, derrocaron a las autoridades provinciales (gobernadores y legislaturas) y destituyeron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, designando en su lugar a los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada, que asumieron el 2 de abril.

La estructura de gobierno nacional se completó con la Comisión Asesora Legislativa (CAL), integrada por tres militares designados por cada fuerza, con «facultades de asesoramiento legislativo en representación de las Fuerzas Armadas».

Los autores e ideólogos del golpe decidieron autodenominarse como Proceso de Reorganización Nacional, aludiendo de ese modo a dos conceptos fundamentales de la dictadura:

  • a) que se trataba de un «proceso» y que como tal «no tenía plazos sino objetivos»;
  • b) que había que «reorganizar» radicalmente al país, implementando reformas que modificaran profundamente la economía, las relaciones laborales, el sistema político y la cultura nacional.

«En ejercicio del poder constituyente» la Junta de Comandantes impuso una serie de «principios liminares», «objetivos básicos», actas y estatutos para la Reorganización Nacional, al que deberían someterse todas las otras leyes incluida la Constitución vigente, en lo que pudiera resultar aplicable aún. Cuatro fueron las principales normas supraconstitucionales establecidas:

 

Fuente: WIKIPEDIA