Legisladores de Juntos por el Cambio anunciaron que denunciarán ante la Justicia al presidente Alberto Fernández por abuso de autoridad al haber dispuesto la intervención de la empresa Vicentín mediante un decreto de necesidad y urgencia.
La denuncia fue firmada por los diputados Federico Angelini, Waldo Wolff, Gisella Scaglia, Pablo Torello, Álvaro de la Madrid, Luis Petri y Marcela Campagnoli.
La presentación señala que se debe indagar a Alberto Fernández porque firmó el decreto de intervención cuando la empresa se encuentra bajo procedimiento de concurso de acreedores ante el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, Santa Fe.
Los legisladores señalaron que de acuerdo con la Constitución Nacional y la ley de quiebras (24.522) el Poder Ejecutivo Nacional no tiene facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, mas allá de su patrimonio y sus deudas.
«Ello implica la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional: la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley», escribieron los legisladores.
Dijeron que la norma que pretenda otorgarle esas facultades al Poder Ejecutivo está vedada por la Constitución, que corresponde al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales «otorgar facultades extraordinarias por las cuales la fortuna de los argentinos quede a merced de persona o Gobierno alguno». Esas normas, dijeron, son «insanablemente nulas y quienes las emitan serán considerados infames traidores a la patria».
Los denunciantes indicaron que si el Congreso no puedo disponer así de los bienes, menos el Poder Ejecutivo mediante un DNU, dado que no puede ir mas allá de las atribuciones del Poder Legislativo.
No hay -según los denunciantes- ninguna justificación legal para que el Poder Ejecutivo pueda inmiscuirse en un procedimiento concursal, más allá de ser parte, si tuviera un interés legítimo.
Los legisladores dijeron que es el juez del concurso es el responsable del saneamiento o liquidación de la empresa y el Poder Ejecutivo no puede intervenir allí.
«El tribunal del concurso debe velar por los derechos de los acreedores y el patrimonio de la empresa, de modo que una decisión política de intervenirla, al margen de las decisiones del Juez, además de violar el límite establecido en la ley de quiebras, viola el debido proceso legal (art. 18 C.N.)», señalaron.
Y destacaron los denunciantes que si hubiera existido algún delito en los préstamos recibidos por Vicentin y que no fueron pagados, existe una causa en manos del juez Julián Ercolini para «garantizar la prueba y hacer cesar la comisión del delito». Que no es tarea del Poder Ejecutivo, salvo a través de la Oficina Anticorrupción.
«La causa de utilidad pública que justifica el proceso de expropiación, en caso de ser considerada, corresponde que sea declarada por ley del Congreso Nacional (artículo 17) y no puede ser en consecuencia considerado por el Poder Ejecutivo Nacional como justificación para la designación de un interventor, sin violarse, como se dijo, el artículo 29 de la Carta Fundamental», resaltaron los diputados.
Por eso dijeron que en DNU viola el sistema republicano de Gobierno pues invade potestades propias de la competencia judicial de Santa Fe, donde está radicado el juicio comercial.
