Vicentin. La dirigencia del campo celebró el fallo judicial a favor de la empresa

Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA)
Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Fuente: Archivo – Crédito: Archivo-Hernán Zenteno

Luego de que el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que lleva adelante la causa del concurso de acreedores de Vicentin, decidiera que el directorio de la cerealera vuelva a ocupar sus funciones y que los interventores dispuestos por el presidente Alberto Fernández, fueran desplazados y pasarán a ser solo veedores de la firma, dirigentes del campo celebraron el fallo y señalaron que esperan que la cerealera «siga su concurso normal de acreedores».

«Con esta decisión, el juez pone al Estado como veedor para restituir el orden y mostrar que el poder y manejo de la situación está en manos de él, del Poder Judicial», dijo Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Señaló también que el fallo lo que pone es orden y vuelve a restablecer el lugar que le pertenece a los administradores, es decir la empresa.

Para Chemes, el juez lo que hizo así es «tomar el control y mandar un mensaje para decir que quien decide es él». Destacó que se hiciera de esta manera ya que «se había perdido un poco con la intervención del Poder Ejecutivo».

Según el presidente de CRA, la Justicia busca que se desarrolle el proceso judicial de acreedores como se venía haciendo hasta hace unas semanas y que habría «que pensar en que se declare la inconstitucionalidad de la expropiación o cualquier paso que pueda afectar que el concurso de acreedores siga su curso normal». En caso de que avance el proyecto de expropiación que mandará el Gobierno al Congreso, indicó que habrá que seguir de cerca si pasa al Congreso para empezar a trabajar con la Cámara de Diputados», subrayó.

Por su parte, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), también mostró su alivio por el fallo: «Está bien, es el pleno ejercicio del Poder Judicial, la colaboración y monitoreo del Ejecutivo con los veedores. Si bien el juez se declara incompetente en cuanto a la constitucionalidad del DNU, restituye al directorio el mando de la empresa. El juez hace lo que debe hacer. Eso consolida su asistencia sobre la causa».

Según declaró Achetoni, este fallo puede jugar a favor de Vicentin. «Lo puede hacer en buena forma porque lo puede salvar, pero aún queda un capitulo grande para que a la empresa no se la apropien. Pero esto sienta un precedente sobre el juez. Ahora, después del fallo del juez, el Ejecutivo no va a tener participación y se está soslayando un vaciamiento de empresas y tildando de poco efectivo al Poder Ejecutivo en ese control. Se busca que se controlen los activos y que no hayan vaciamiento«, amplió.

 

Jorge Chemes, presidente de CRA
Jorge Chemes, presidente de CRA

 

También agregó que esta decisión podría servir como precedente una vez que el proyecto sea elevado al Congreso Nacional. «Si va el proyecto al Legislativo, sabemos que hay una parte que no la está avalando, y tal como se pretendía enviar no va a tener aceptación de los sectores», afirmo.

 

En esa línea, Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (CRA), indicó que el fallo de hoy sobre el caso Vicentin es fuerte, interesante y sin duda representa un avance, desde el momento en que ratifica al Poder Judicial como ámbito de resolución de la controversia entre la empresa y sus acreedores, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Concursos y Quiebras.

«Al restablecer el directorio original, de algún modo el fallo está ratificando los derechos de los accionistas privados sobre la empresa, resguarda el derecho de propiedad y las garantías protegidas por la Constitución Nacional. Es la propia Justicia la que le asigna el rol de veedores a los interventores designados por Poder Ejecutivo, reafirma que es estrictamente facultad del Poder Judicial decretar la intervención y los términos en que debe llevarse a cabo», aseguró.

Subrayó que el fallo está garantizando la necesaria división de poderes entre los distintos ámbitos del Estado. «Aunque no se haya podido determinar en esta instancia, sería importante que la Justicia se expida sobre la inconstitucionalidad del decreto y el proyecto de expropiación», remarcó.

LA NACION