Luego de que el exministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, denunciara la usurpación de un campo familiar en Entre Ríos y vinculara al dirigente social Juan Grabois, en estos momentos productores de la provincia están movilizados en Santa Elena, enfrente del campo del exfuncionario. Marcharon hasta allí para rechazar la toma. Desde antes del mediodía, al menos 600 ruralistas se concentraron para movilizarse hasta el establecimiento.

Tensión y expectativa es lo que se vive en las adyacencias a «Casa Nueva», propiedad de la familia Etchevehere. Después que Dolores Etchevehere y su madre, Leonor Barbero Marcial, libraran un duelo de videos que llegaron a viralizarse y donde cada una de las partes explicaron sus posturas en torno a la pertenencia a la propiedad, dos grupos antagónicos se dieron cita para respaldar a sendas partes.

Por un lado, los productores rurales que llamaron a «defender la propiedad privada» y por el otro, seguidores de Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) que acompañan el reclamo de Dolores Etchevehere, hermana del exministro de Agricultura.

 Dolores Etchevehere anunció una donación de un 40% de las tierras de la herencia para un proyecto agroecológico del «Proyecto Artigas» que cuenta con el respaldo de Grabois, pero su madre, que cuenta con el respaldo de sus otros hijos, entre ellos el exministro Etchevehere, dice que su hija ya cobró y llamó a «defender la propiedad privada».

Los productores se dieron cita sobre la ruta nacional 12, realizaron una asamblea y luego se dirigieron al ingreso al predio general, donde se encuentran apostados más de un centenar de policías, ubicados entre ambos sectores.

Dentro de la propiedad se encuentran integrantes de las organizaciones sociales que conduce Grabois, a la expectativa de lo que resuelva la Justicia: si piden el desalojo o no.

Los productores se movilizaron con tractores y camionetas Crédito: Juan Baialardo

 En rigor, está prevista una audiencia judicial para las 16 y los productores también aguardan novedades. «La idea es quedarnos hasta escuchar el resultado de la audiencia, si se ordena el desalojo del predio. Esta es una batalla y no va terminar únicamente cuando se haga Justicia en esta instancia, sino que puede continuar en otras instancias como está oncurrienco en el sur, en el norte», dijo Walter Feldkamp, director de Sociedad Rural Argentina (SRA) Entre Ríos.

Ayer, antes de la marcha, Mariela Gallinger, presidenta de la Federación Agraria de Crespo, había señalado sobre este caso: «Es una situación insólita que hoy por hoy un grupo de organizaciones crean que en Entre Ríos pueden usurpar a alguien que tiene la titularidad y todos los documentos en regla. Vamos a manifestarnos por la defensa de la propiedad privada; no creemos en estos valores que porque vos tenés, tenés que dar. Todo lo que tenemos, lo tenemos es por mérito nuestro, sacrificio».

 En un comunicado conjunto, los senadores nacionales de ese espacio Alfredo De Angeli y Stella Olalla, y los diputados Atilio Benedetti, Alicia Fregonese, Jorge Lacoste, Gabriela Lena y Gustavo Hein, pidieron «medidas necesarias y urgentes para evitar la multiplicación de toma de tierras de las que ciudadanos entrerrianos están siendo víctimas, y se lleven adelante las acciones necesarias para desalojar las ya usurpadas».

Para los legisladores, «en el marco de la premeditada inacción del gobierno nacional y el fomento de dirigentes sociales que, en muchos casos, responden al propio gobierno y hasta detentan cargos en él, esta modalidad se ha transformado en una pandemia nacional y no cabe más que deducir la existencia de un plan sistemático destinado a violentar la propiedad privada».

«El gobierno de la Provincia de Entre Ríos parece seguir el mismo mandato o formar parte del mismo plan, aplicando idéntica mecánica», agregaron.

Por ello, reclamaron la acción del Estado. «La prevención de estos hechos está a cargo de las fuerzas de seguridad que siguen los mandatos del Poder Ejecutivo. Es imposible que las autoridades puedan ignorar una situación que se multiplica a lo largo del país, ni que se vean sorprendidos por las tomas. La inacción en materia de prevención no es otra cosa que complicidad», precisaron.

Con la colaboración de Fernando Bertello

Por: Jorge Riani