La participación ciudadana forma parte de la Resolución 557/19 del OPDS, en la que se contempla que los procedimientos de participación en consultas y en audiencias públicas forman parte del proceso de evaluación de impacto ambiental al que las nuevas industrias deben someterse para conseguir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y el Certificado de Aptitud Ambiental, obligatorios para todos aquellos nuevos establecimientos industriales que se radiquen en la provincia de Buenos Aires.